COLUMNA

LA IMPUNIDAD PROPIA, EL MAYOR DESAFÍO
Por Ignacio Rodríguez Reyna, reportero del diario Reforma

     Rodeada de constantes abusos de poder, en México campea una impunidad, menor si se quiere, pero cuya mera existencia representa una seria falla en el tránsito hacia una sociedad democrática: la impunidad en los medios de comunicación. Hay muchos ejemplos: reportes que inventan combates entre las fuerzas guerrilleras y el ejército mexicano a pocos kilómetros de la capital de Chiapas, la reproducción de documentos falsos atribuidos al Citibank sin siquiera revisar su veracidad en la institución bancaria, la publicación con gran despliegue de cartas anónimas en las que se dan nuevas versiones sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

     Acabar con la impunidad de los medios que difaman, distorsionan los hechos, calumnian a personajes públicos y confunden a los ciudadanos, es uno de los mayores retos y desafíos que enfrenta la prensa mexicana. Los abusos de los órganos de poder y las presiones sobre la prensa crítica e independiente han dado pie al surgimiento de medios cuya premisa principal es sobrevivir a toda costa, y entre cuyas prioridades no se encuentra la observación de reglas de comportamiento profesional ético.

     A menudo se escuchan voces que justifican las violaciones éticas con el argumento de que es preferible incurrir en esas "pequeñas" fallas antes de dejar de lado o debilitar el escrutinio sobre el desempeño de los funcionarios públicos o privados.

     Ese es un falso dilema. El fin no justifica la falla de los medios. Poco favor le hace al avance de una sociedad quien combina la difusión de información verídica con dosis de desinformación. No se trata de abandonar la vigilancia constante y profunda de los poderes público y privado. Hay que reforzarla y consolidarla, hay que hacerla incluso más severa, pero los medios deben estar sometidos al mismo escrutinio que ejercen.

     La prensa en México ha jugado un papel fundamental en el proceso social mediante el cual se está llamando a cuentas a quienes han abusado del poder, a quienes lo han prostituido y se han beneficiado de él. La prensa ha destapado la corrupción y ha exhibido los negocios ilícitos del hermano del expresidente Carlos Salinas, por ejemplo su intervención en la compra de la cadena de televisión estatal; ha documentado que en la privatización de empresas paraestatales no hubo transparencia y que políticos y empresarios cercanos a Salinas fueron beneficiados. En estos y otros casos, los medios han cumplido el papel al cual deben su razón de ser: la de funcionar como contrapesos del poder. Pero en este camino se han cometido excesos, se han lastimado reputaciones, se ha violado la privacidad de las personas, se ha dado a los rumores categoría de hechos.

     ¿Ante quién ha dado cuentas la prensa por estos excesos? ¿Cuál ha sido el costo pagado por el ejercicio irresponsable de nuestra tareas? ¿Qué informador ha respondido por una falta ética? Atacamos la impunidad pero ejercemos la propia sin límite alguno. Siempre hemos sentido molestia cuando se marcan nuestras deficiencias. Cualquier intento de subrayar los excesos es considerado como un ataque a la libertad de expresión.

     Ya no es posible seguir así. La credibilidad de la prensa descansa en buena medida en la percepción social de que la actuación de los medios se da dentro de un marco ético. Sin credibilidad, sin la confianza de los usuarios de la información, la prensa difícilmente podrá cumplir con su responsabilidad.

     En México, la prensa tiene enormes desafíos. Por principio de cuentas, se carece de un código mínimo que guíe el ejercicio profesional, no se cuentan con órganos reguladores, las sanciones a quienes incurren en faltas graves son inexistentes.

     Quienes trabajamos en los medios somos miembros de la sociedad y no un poder por encima de ella. A ella debemos rendirle cuentas. No es fácil determinar de qué manera hacerlo.

     No confiamos, por supuesto y con probada razón, en órganos nominados desde o vinculados al Estado. La propia naturaleza del poder, su intrínseca disposición a mantener el status quo y a sofocar la disidencia, los descartan de antemano. Pero sí podemos crear nuestros propios órganos de escrutinio. Nadie conoce mejor que nosotros mismos el funcionamiento y las desviaciones en el ejercicio del periodismo.

     De cualquier modo, argumentarán quienes no ven la necesidad del establecimiento de códigos de ética periodística, estos intentos de regulación y de establecer principios no funcionan. Ese es un argumento equivocado. Los códigos de ética son hasta ahora principios fundamentales que todo periodista acepta o no observar en su práctica profesional.

     Y en muchos de nuestros países estos códigos no bastan porque a menos de que se trate de una violación flagrante, tal como inventar información, no habrá sanción para el infractor. Empresas con estructuras verticales, las empresas periodísticas cuando sea el caso impondrán medidas de disciplina contra los reporteros que se hayan apartado de las normas éticas.

     Pero, ¿qué pasa cuando los involucrados son funcionarios de los medios, editores, directores? ¿Quién les pide cuentas a ellos? ¿Quién pone un alto a su impunidad?

     La respuesta, en primera instancia, puede ser hallada en los órganos autorreguladores, pero luego descansa en las sanciones legales contra el desempeño incorrecto del periodismo.

     Este es un punto delicado.

     Habrá quienes se resistan a la idea porque consideran que un órgano vigilante y el establecimiento de sanciones legales solo servirán al acallamiento y a la censura de las voces críticas de la prensa.

     No es fácil dar este paso cualitativo, pero si hemos hablado de que los medios no podemos estar por encima de la sociedad, a la cual decimos servir, debemos ser consecuentes.

     ¿Por qué un abogado o un médico sí pueden ser sancionados legalmente cuando violan las normas que rigen a su profesión o cometen errores que dañan a los ciudadanos, pero los periodistas no? ¿Dónde están los derechos de los ciudadanos ante los medios? No se valen los regímenes de excepción. Es hora de que la prensa empiece a rendir cuentas. Solo así será de utilidad a las sociedades que buscan construir sistemas democráticos sobre bases sólidas.

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