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FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS:
EL PECADO POLÍTICO ORIGINAL
Por Carlos Subero, reportero del diario El Universal, de Caracas.

     Los tratados de teoría política definen al voto como el primer acto de gobierno en la democracia representativa. Pero los representantes latinoamericanos, quienes han hecho las leyes electorales, hasta ahora han hecho del sufragio un acto que ocurre en un ambiente de obscuridad que oculta el origen del poder paralelo del dinero como gran elector.

     En este contexto, el periodismo tiene la obligación de contribuir a que el voto sea un acto más consciente, y a que los candidatos se sientan más servidores que mesías impartiendo promesas de campaña.

     Ahora mismo se están revelando escándalos de este tipo en varios países. En Venezuela se usó una partida secreta para comprar decenas de jeeps utilizados en la campaña electoral de 1988. En España, los tribunales sentenciaron hasta con 11 años de cárcel a funcionarios que usaron al grupo Filesa como empresa puente para distribuir dineros públicos para la campaña socialista. En Estados Unidos, la Fiscal General Janet Reno investiga al vicepresidente Al Gore, y se han hecho denuncias por presuntos aportes ilegales de China. En Panamá el presidente René Balladares admitió que un narcotraficante aportó 50 mil dólares a su campaña. En Gran Bretaña, los laboristas de Toni Blair aceptaron más de un millón de dólares de Ecclestone, la firma multimillonaria que participa en la Fórmula 1, y negociaron una aportación similar 15 días antes de violar sus promesas electorales y aprobar la publicidad de tabaco en los eventos deportivos.

     Y en Colombia... mejor no hablar.

     En medio de tantos escándalos relacionados con las finanzas políticas, bien vale la tesis de William Kimberling, vicedirector de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos (FEC): "No hay mejor fiscal que millones de electores repartidos por todo un país".

     Aún se debate si la onerosa competencia electoral debe ser pagada por el Estado o por actores privados. Durante una reciente conferencia de la OEA sobre el financiamiento de campañas políticas, realizada en Caracas, un reportero preguntó al presidente del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador, Patricio Vivancos, si es válido que los pueblos paguen por esas campañas. "Dicen que todo lo que se gasta en campaña lo paga el Estado", respondió el funcionario, "ya sea directamente o a través de los aportes privados".

Vulgares y sutiles

     El intelectual colombiano Plinio Apuleyo Mendoza advierte que a los tradicionales peligros para la democracia latinoamericana -la dictadura, el populismo y el proyecto de lucha de clases- se ha agregado uno más contemporáneo. Este puede ser tan vulgar como el ingreso de 6 millones de dólares de dudoso origen a la campaña del presidente colombiano, o tan sutil como el torrente de dinero lícito que llega a los candidatos "y que hace que el elegido obedezca a ese interés".

     En el primer caso, se trata de "la burda corrupción política enlazada a las mafias que incide en la soberanía popular". En el otro, "es la enajenación de esa soberanía con base en la manipulación de las imágenes, que pronto termina en el desencanto. Siempre es el dinero -mal o bien habido- el gran elector."

     Entre los reticentes a la transparencia en el financiamiento de campañas hay liberales y conservadores, populistas y neoliberales, socialdemócratas y socialcristianos, derechistas e izquierdistas, así como esa nueva casta de "antipolíticos".

     "Nuestros políticos", opina el profesor Angel Alvarez, "son muy poco demócratas y el Estado es muy poco transparente". El investigador, quien ha estudiado a profundidad el financiamiento de campañas en Venezuela durante los últimos 30 años, afirma en su reciente libro Los Dineros de la Política que el 76% de los aportes económicos que llegaron a las campañas venezolanas durante los comicios presidenciales de 1993 fueron de origen desconocido.

     En 1996, si acaso un 5% de los candidatos a cargos regionales rindió cuentas oficiales sobre sus recursos de campaña electoral. El presidente del organismo electoral presentó una denuncia ante la Fiscalía, pero no ha hecho gestión posterior alguna ni ha hubo sanción a los infractores.

     Un proyecto de ley que se promueve para este año no aporta más transparencia en este campo, y los electores siguen sin saber quién está financiando la campaña del 98.

     Ecuador es quizá el único país latinoamericano que se acerca a la transparencia electoral por la vía popular. En mayo de 1997, por medio de un referéndum constitucional, el 70 % de los ciudadanos se pronunció a favor de un control del gasto electoral para establecer límites al mismo y los orígenes de estos recursos. Pero a un año de la consulta, los políticos no han hecho una ley para hacer valer la voluntad popular.

     Uno de los elementos que más ha enturbiado el ambiente político en Colombia son las acusaciones de narcofinanciamiento a la campaña del presidente Ernesto Samper. Fernando Mayorga, miembro del

     Consejo Nacional Electoral, advirtió en la conferencia de la OEA que no hay políticas de transparencia y divulgación de información para que los electores conozcan el financiamiento de las campañas. Sólo hay proyectos.

     Pero lo que falta en Colombia abunda en Brasil, donde es frecuente ver en la prensa noticias sobre tal y cual candidatos que fueron financiados por tales personas. Sin embargo Ilmar Galvao, presidente de la Corte Electoral, comenta con cierta resignación que el rendimiento de cuentas por parte de los candidatos es "puramente formal", ya que no es "verdad ni hay forma de demostrarles la mentira".

     A pesar de ello, en Brasil es obligatorio rendir esas cuentas para ocupar el cargo ganado en las elecciones. No hay financiamiento público para las campañas y existe un límite a los gastos, pero ningún rendimiento de cuentas ha sido impugnado de manera oficial aún cuando se sospecha que muchos candidatos gastan más de lo permitido.

     Durante la reunión de Caracas Miguel Angel López y Julio Arias Villaluz, de la Secretaría de Gobernación de México, dijeron que el sistema de su país es mixto, con preponderancia del financiamiento público (75 por ciento) sobre el privado (25 por ciento). El propósito es evitar la posible influencia perniciosa de lo privado, y se divulgan los montos públicos recibidos.

     En Chile ocurre todo lo contrario, ya que el financiamiento electoral es totalmente privado. Sin embargo ese país tiende hacia un sistema mixto con controles rigurosos, incluyendo algunos que aterran a los políticos. Por ejemplo, una cuenta única para concentrar todos los fondos de la campaña, y la prohibición de invocar el secreto bancario para oponerse al control del Servicio Electoral.

Estoy aquí por la prensa

     El estadunidense Danny Mc Donald, de la FEC, admitió que no tiene sentido que los candidatos rindan cuentas si la información no es divulgada al público. Sin embargó, llamó a continuar la lucha por la transparencia y dijo que la mera existencia de las normas significa un riesgo para quien piense en violarlas.

     "Yo estoy aquí por la prensa de mi país", dijo Mc Donald, quien aludió a los recientes escándalos relacionados con la recaudación de fondos de los demócratas para las campañas de 1996.

     En el país de la transparencia electoral, los políticos se las ingenian para cumplir la ley al tiempo que ocultan el origen de los fondos electorales. Pero es también el país en el que el periodismo asistido por computadora (PAC) ha penetrado más en la investigación de las campañas.

     Un grupo de 29 diarios del estado de Nueva York pagó cien mil dólares a un particular para que organizara en una base de datos computarizada los informes de finanzas electorales entregadas por los candidatos que compiten este año. La prensa neoyorquina quiere conocer el contenido de esos documentos, y paga por ello.

     Mientras tanto, en los países latinoamericanos, casi todo el trabajo periodístico relacionado con el financiamiento de campañas está aún por hacerse, a la espera de colegas dispuestos a internarse en este Amazonas para informar a los electores soberanos.

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