COLUMNA

POR QUIEN DOBLAN LAS CAMPANAS
Por Diego Petersen Farah*

La discusión sobre una nueva Ley de Comunicación Social en México puso calientes los ánimos de los actores políticos y de los medios de comunicación. No hay duda de que la Ley de Imprenta vigente en estos momentos es inoperante y en la práctica inexistente. Tenemos un marco legal que data de 1917 y que es a todas luces obsoleto.

Es evidente pues que hay que atacar el tema de la legislación sobre medios de comunicación, pero la vía para lograrlo y los contenidos de los que debe ser esta nueva Ley no han logrado todavía los consensos entre las partes, fundamentalmente por dos razones: la primera es que desde los legisladores el foco principal se ha puesto en los mecanismos de control para evitar los abusos de la prensa.

El segundo es que los medios de comunicación, impresos y electrónicos, quieren una legislación que no atente contra la libertad de prensa, pero en el fondo también hay una lucha por mantener ciertos privilegios a los que los medios han tenido acceso, léase el fácil acceso a los recursos fiscales vía publicidad; sobreprecio en las ventas de publicidad al estado; el cobro de información (conocidas en México como gacetillas); y el problema del sistema de concesiones en el caso de los medios electrónicos, entre otros.

Sin duda una de las grandes virtudes del proyecto de ley que se presentó en el Congreso es que junta la libertad de expresión con el derecho a la información, que aunque parezca obvio, es un gran avance en este país. El derecho a la información, que nunca ha sido reglamentado, es el elemento clave para avanzar hacia una sociedad más democrática. El proyecto de ley contempla el libre acceso de cualquier ciudadano a cualquier documento público salvo en los casos en que la información sea considerada como "secreta, reservada o nominativa".

El problema que presentaba en este punto el proyecto es que pretendía establecer que un subsecretario de Estado pudiera clasificar como reservada una información, lo cual es absolutamente un contrasentido. Para que esto funcione no debería ser jamás el propio poder ejecutivo quien tomara la determinación de clasificar un documento, sino el congreso o el poder judicial a petición de un funcionario.

Hay dos puntos que seguramente molestaron a muchos medios (y quizás de ahí podamos entender la reacción furibunda al proyecto) pero que finalmente redundan en beneficio público. Uno de ellos es el que se pretendía establecer que los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) sólo pudieran anunciarse en medios que tuviesen su tiraje o rating certificado. En México son muy pocos los medios impresos que certifican a través de un organismo verificador su venta real. El tiraje se guarda celosamente como si se tratase de la edad de una prostituta.

Al obligar a los medios impresos a certificar sus ventas quedaría en evidencia los pocos lectores que tienen estos medios y por tanto al descubierto los favores mutuos entre el estado y los periodistas.

El segundo punto es que cualquier información pagada, (las famosas gacetillas mencionadas anteriormente), debieran contener la leyenda "inserción pagada". Aunque hay que reconocer que en algunos periódicos esta práctica ya se lleva a cabo, estas obligaciones significarían un duro golpe a muchos medios que serían prácticamente desnudados en público (en muchas ocasiones hasta el titular de primera plana es vendido).

Desde mi punto de vista aquí no hay vuelta de hoja; se trata de defender el derecho ciudadano a la información y al buen uso de los recursos fiscales. Los problemas de credibilidad de los medios comienzan desde las mentiras en torno al tiraje y las gacetillas presentadas como información. Más aún creo que debería ampliarse este criterio a establecer que en ningún caso el precio de la publicidad que se vende al estado debería estar por encima del precio comercial, una práctica común que no fue contemplada en el proyecto abortado.

Muy positiva también era en ese proyecto la reglamentación del derecho de réplica, que en la ley vigente es demasiado condescendiente con los medios.

Las aberraciones

Hay sin embargo en este proyecto de ley cosas que son inoperantes y otras que de plano serían un contra sentido para la libertad de expresión.

Los autores del proyecto partieron del lugar común de que se puede hablar de objetividad en la información y que por lo tanto se puede obligar a los medios a dar una información "objetiva". Para no entrar en discusiones académicas, digamos simplemente que este concepto es jurídicamente inoperante. Nunca podrán demostrar a un medio de comunicación que su información no fue "objetiva", porque por principio ninguna información lo es. Hubert BeuveMery, fundador del diario Le Monde, lo planteó hace poco más de 30 años: "en periodismo la objetividad no existe; la honestidad sí".

Lo que sin duda fue la parte más cuestionable de este proyecto de ley fue la pretendida creación de una Comisión Nacional de Comunicación Social. El problema no está sólo en la composición del organismo, que puede ser tan equilibrada como la santísima trinidad, sino la existencia misma de este.

Se puede advertir como una buena intención el que muchas de las funciones que ahora tiene la Secretaría de Gobernación pasen a un organismo más plural y abierto. No obstante, el que un organismo se convierta en árbitro de la comunicación, con capacidad de amonestar (y que, como en el futbol, dos amonestaciones signifiquen suspensión); que tenga capacidad de aplicar sanciones en este caso de la publicidad oficial, puede derivar fácilmente en un organismo censor que va contra el espíritu mismo de lo que se pretende legislar.

El punto que hizo mucho ruido entre los medios electrónicos, radio y televisión, fue la propuesta de mantener el esquema de concesiones, pero ahora administrada por la Comisión Nacional de Comunicación Social, la cual deberá además establecer los criterios para otorgar estas concesiones.

Para la radio y la televisión este es el punto central de la discusión y no es fácil de resolver. Lo que es claro es que antes de discutir las formas hay que entrarle al contenido: qué proyecto de radio y televisión queremos en este país.

Para ir más allá

En esta discusión están saltando los temores y los tabúes de la prensa. Lo que no se nos debe olvidar en esta discusión es que el derecho a la información y a la libertad de expresión es un derecho de ciudadanos no de los medios. Por lo mismo, así como la ley no puede partir de la discusión de las prerrogativas que de facto tienen los medios de comunicación, tampoco se puede abordar únicamente desde el punto de vista de cómo defender a los ciudadanos (y funcionarios) de la "tiranía" de los medios.

El problema de fondo del ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información es con mucho la falta de profesionalismo de los comunicadores. Esto no se resuelve por la vía de mejores leyes y reglamentos sino desde el interior de cada medio. Mientras en México no se acabe de concebir el hecho de que los medios son empresas privadas de interés público y que los verdaderos aliados son los lectores, radioescuchas y televidentes y no el Estado o los grupos de poder, cualquier avance legislativo se quedará corto.

La legislación en esta materia debe ser lo más clara y simple posible. El destino de los medios está en manos de los propios ciudadanos que son, a fin de cuentas, quienes deciden qué información consumen. Una vez más abortamos en el intento de darnos como sociedad una ley que nos asegure en la vida cotidiana la libertad de expresión y el derecho a la información. Lo más triste de esta experiencia es que, más allá de los contenidos específicos, los profesionales de la comunicación nos mostramos incapaces de sentarnos a debatir con inteligencia el tema.

Diego Petersen Farah es subdirector del diario Publico, de Guadalajara.

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