ADELANTO

EL CASO COZUMEL

     Hace dos años, en enero de 1996, un grupo de organizaciones ambientales mexicanas denunció al gobierno mexicano por el presunto incumplimiento de la legislación nacional con respecto al llamado caso Cozumel. El asunto que preocupaba a los activistas era la construcción de un nuevo un muelle para cruceros turísticos en la hermosa isla del Caribe mexicano.

     Además, según el Comité para la Protección de los Recursos Naturales, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Grupo de los Cien, el proyecto conocido como Puerta Maya implicaba mucho más que un muelle e incluía todo un complejo turístico que habría sido aprobado por las autoridades ambientales de manera irregular. Todo ello, aseguraban, ponía en peligro el medio ambiente de la zona y en especial la supervivencia del arrecife coralino que se encuentra frente a las costas de Cozumel, y que es uno de lo más importantes del mundo.

     El foro que eligieron estas organizaciones para presentar su denuncia fue la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA). Se trata de la instancia trilateral surgida a partir del acuerdo ambiental firmado junto con el Tratado de Libre Comercio (TLC). Ese "acuerdo paralelo", según los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, contribuiría a que el TLC fuera "el tratado comercial más verde del mundo".

     El acuerdo paralelo permite que cualquier persona de esos países solicite al Secretariado de la CCA que investigue casos en los que uno de los tres gobiernos pudiera incumplir sus propias leyes ambientales y, si procede, que se elabore un expediente de hechos sobre el asunto. Y eso fue exactamente lo que solicitaron las organizaciones ambientales mexicanas.

     De inmediato se produjo una acalorada controversia. Por un lado los grupos ecologistas nacionales e internacionales, junto con reconocidos buzos y oceanólogos insistían en que el muelle turístico acabaría con el arrecife y con todo el ecosistema de la isla.

     El buzo mexicano Ramón Bravo dijo que la secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias, "desconoce el problema y ha mostrado su incapacidad como funcionaria". Las protestas contra el proyecto fueron apoyadas por algunos actores notables como Televisa, empresa que se puso la camiseta ecologista y dedicó varias horas de reportajes a denunciar lo que catalogó como un inminente ecocidio.

     Por el otro lado la empresa promotora del muelle, el Consorcio H, insistía en que se cumplieron todos los requisitos legales y que de hecho se habían hecho inversiones adicionales para proteger al arrecife. Y mientras tanto las autoridades responsables, especialmente la propia Carabias y el entonces presidente del Instituto Nacional Ecologista (INE), Gabriel Quadri, arremetieron contra los ecologistas y los acusaron de corruptos y traidores por haber solicitado que una "institución extranjera" como la CCA interviniera en los asuntos nacionales. Esa "institución extranjera", por cierto, fue creada por decisión soberana del gobierno de México, junto con los de Estados Unidos y Canadá, y es presidida por un Consejo integrado por los tres secretarios de Ecología, incluyendo a la propia Carabias.

     En agosto de 1996 los tres secretarios votaron por unanimidad que la Comisión investigara la petición de los ecologistas y se realizara un expediente de hechos relacionado con el caso Cozumel. Mientras tanto continuó la construcción del muelle, y el Consorcio H seguía adelante con el proyecto de lo que en efecto sería el "complejo turístico" Puerta Maya.

     Hasta ese momento parecía que todo quedaría en dimes y diretes, con muchas declaraciones y poca documentación, e incluso la prensa fue perdiendo interés en el asunto. Si acaso algunos reporteros lo retomaron cuando el muelle fue terminado, o cuando uno de los primeros barcos que lo utilizaron sufrió un aparatoso accidente.

     Ahora, sin embargo, apareció un documento que puede resultar de gran valor para una investigación periodística. Se trata precisamente del Expediente de hechos que hizo el Secretariado de la CCA. En él se hace una rigurosa reconstrucción documental de todo el caso, desde el primer esbozo del proyecto a mediados de los años ochentas hasta una controvertida resolución del INE, de 1997, que autoriza a medias el complejo turístico Puerta Maya.

     No se trata de un documento sencillo, pero tampoco es inaccesible para alguien acostumbrado a cubrir temas ambientales. Más aún, ofrece una base factual para investigar un caso que, como la Chinatown de Roman Polanski, está lleno de aristas, conflictos de intereses y situaciones ambiguas. El Expediente no presenta conclusiones ni acusa a nadie, pero sí representa una excelente colección de hilos para quien quiera empezar a tirar de esta complicada madeja.

     El Expediente final de hechos relacionado con el proyecto de muelle de cruceros turísticos en Cozumel, Quintana Roo puede ser consultado en la página electrónica de la CCA, http://cec.org, o solicitarlo en su oficina de enlace en la ciudad de México:
Tel. 659 5958
Tel./Fax 554 0250
Código de área para extranjeros (52)

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