CARTA DEL EDITOR

Casi al cierre de este número Reforma publicó su contundente reportaje sobre el empresario argentino Ricardo Miguel Cavallo, director del Registro Nacional de Vehículos de México (Renave). El diario mexicano reveló que este individuo es en realidad Miguel Angel Cavallo, un exmilitar buscado por el juez español Baltasar Garzón por presuntos delitos cometidos durante la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Cavallo está acusado de terrorismo, tortura, robo de autos y falsificación de documentos. Y la paradoja es que recientemente el gobierno mexicano privatizó el registro vehicular y lo concesionó al consorcio que codirigía Cavallo, y cuyo objetivo principal es.... evitar el robo de autos y la falsificación de sus documentos.

Cavallo fue detenido cuando trataba de salir de México el mismo día en que apareció el reportaje. Y fue detenido, dijo Interpol México, precisamente a raíz del reportaje ya que hasta ese momento no había orden internacional de captura en su contra. Ahora el gobierno de España ya solicitó su arresto y extradición, y el de Francia desea interrogarlo sobre su posible participación en diversos asesinatos. La presunta culpabilidad de Cavallo tiene que ser determinada por las distintas instancias judiciales, pero por lo pronto tanto el prestigio del Renave como el de las autoridades mexicanas que otorgaron la concesión se han llevado un duro golpe.

Todo parece indicar que se trata de un caso notable en el que una investigación periodística arroja un claro beneficio social, al contribuir a la identificación y captura de un sospechoso de delitos graves.

Pero notable fue también la reacción del funcionario que concesionó el Renave, el secretario de Comercio Herminio Blanco. Más que pre o cuparse por la posibilidad de haber entregado a un presunto delincuente el control de información sobre todos los vehículos de México, incluyendo su valor y el domicilio de sus propietarios, Blanco criticó a Reforma por realizar la investigación.

"Yo no sé si lo que dice el diario es cierto o no", dijo en una entrevista radiofónica, pero lo "interesante" es que el diario "haya dedicado tal cantidad de recursos" y "haga este tipo de investigaciones". Afirmó que hay "grandes intereses detrás de esto", los cuales podrían estar ligados precisamente al robo de automóviles. A pregunta expresa, el funcionario dijo no dudar en absoluto que esos intereses "se ven afectados" por el nuevo registro vehicular y están alimentando el trabajo periodístico como el realizado por Reforma.

Esa idea —no importa si las acusaciones son ciertas, lo que importa es quién pagó a esos periodistas impertinentes que me critican— retrata de cuerpo entero a una cultura política poco acostumbrada a la transparencia y al rendimiento de cuentas. Ambos elementos son urgentemente necesarios en nuestros países, y cuando un medio investiga de manera rigurosa y honesta posibles casos de corrupción o impunidad está contribuyendo a construirlos.

Si Blanco tiene evidencia de que esta investigación obedece a intereses criminales y no periodísticos, tiene la obligación de denunciarlo formalmente. De otra manera, debería dedicarse a recoger los platos rotos por el caso Cavallo, y agradecer que la prensa haya detectado lo que escapó a su vigilancia.

Saludos, y hasta la próxima

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