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¿Quiénes restringen a la prensa?
Por Jairo E. Lanao

 Una vez compiladas y analizadas las normas que afectan el ejercicio del periodismo y el libre flujo de información en 24 países, como parte de las actividades del Proyecto de Chapultepec, se concluyó que existen grandes restricciones y amenazas a la libertad de prensa en el hemisferio occidental.

Se puede sostener que las amenazas y restricciones tienen su origen en y son utilizadas por las tres ramas del poder público. También se observa que en los países de tradición de derecho común, es decir, los angloparlantes como Estados Unidos, Jamaica y Canadá, hay menos cortapisas a la prensa que en América Latina.

 Los congresos de los países del continente americano, salvo Jamaica, han mantenido vigentes normas que establecen como delitos contra el honor, la calumnia, la injuria y la difamación. Con la iniciación de una denuncia penal por uno de estos delitos, el periodista o, en algunos casos, el director del medio, puede ser condenado a cárcel por una publicación inexacta o por atacar el honor o reputación de una persona.

 En Estados Unidos y Canadá existen normas penales vigentes que sancionan con cárcel el libelo, pero no se han aplicado. En Guatemala y Bolivia existen tribunales especiales para juzgar a periodistas que hayan cometido dichas ofensas.

 Mucho se ha discutido sobre la necesidad de tener tribunales especiales para un sector específico como la prensa. Aunque en el contexto boliviano, los periodistas al ser juzgados por los jurados de prensa quedan solamente sometidos a sanciones civiles, desde luego un tratamiento ideal.

 Los congresos han producido innumerables iniciativas para legislar sobre la privacidad y confidencialidad de los ciudadanos particulares. El problema surge cuando el legislador intenta hacer prevalecer el derecho de los individuos de proteger sus asuntos privados sobre el derecho de los particulares de estar informados sobre asuntos de interés público, caso muy particular de los funcionarios o ex funcionarios públicos.

 Los nuevos códigos penales y de procedimiento penal de El Salvador, Paraguay, Panamá, así como proyectos de ley de otros países, intentan penalizar la divulgación de informaciones que versen sobre la vida privada o familiar sin hacer distinción expresa para aquellas personas que se hallan en la mira de la sociedad por su trabajo en el sector público o por ser individuos de interés público. Huelga decir que esta falta de claridad presenta un gran obstáculo para el periodismo investigativo.

 Tampoco está muy clara la posición de la rama judicial en la valoración de estos dos derechos fundamentales; es decir, el interés del público de estar informado y la privacidad del individuo. Un ejemplo de este conflicto se discutió en el fallo de la Corte de Apelaciones de Québec en 1997, en el asunto Les ƒditions Vice-Versa v. Pasquale Claude Aubry. En este caso la corte decidió que el derecho de privacidad rige sobre el de informar al público; ello consternó a la prensa, porque ahora, antes de publicar un reportaje o fotografía de interés público, se deberá obtener una autorización expresa del afectado o de la parte interesada. En otro caso en Puerto Rico, Vásquez Velásquez v. El Nuevo Día (1995), también se ventiló el tema de la privacidad versus el derecho a la información, con motivo de la publicación de la fotografía de un individuo en la calle. Estos casos son cada vez más frecuentes y constituyen frenos a una prensa libre.

 Los congresos han creado leyes que pretenden imponer reglas de conducta a la prensa en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Haití, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay. Todas las normas aludidas consideran penas, multas y hasta cierre de periódicos si se transgreden dichas pautas de conducta.

 Uno de los problemas que ha causado mayor preocupación es la intolerancia de los poderes públicos ante la crítica del periodismo y el uso continuo de las llamadas leyes de insulto. Dichas leyes consagran el derecho de ciertos funcionarios públicos de acusar ante la justicia penal a los periodistas, y en algunos casos a sus directores, por críticas, amenazas o injurias en su contra.

Estas normas de insulto o desacato existen en todos los países estudiados con excepción de Estados Unidos, Colombia, Argentina y Paraguay, y conllevan penas de cárcel En Jamaica y Canadá, se prohíbe publicar información específica sobre un juicio. Los periodistas no pueden criticar, calificar o en algunos casos opinar sobre el juez o el proceso sin correr el riesgo de ser encarcelados.

En México, se incrementa la pena hasta los seis años cuando se comete un delito contra un funcionario, y esto lógicamente afecta las publicaciones de la prensa. En Puerto Rico se considera desacato una información groseramente inexacta o falsa sobre un procedimiento judicial.

 ACCESO A INFORMACION PÚBLICA

 En sólo tres países de América Latina existen suficientes garantías legales y procésales para permitir acceso a la información oficial o pública. Esto afecta gravemente al periodismo investigativo, al no permitir el acceso a la fuente de información. Las formas más comunes de obtener información oficial son el derecho de petición, las leyes de acceso y el habeas data. El habeas data no puede ser utilizado por la prensa porque es un derecho de uso privativo para la persona afectada.

 La imposición arbitraria de información a un medio a través del derecho de respuesta o réplica, llamado a veces rectificación, es un mecanismo común en los países latinoamericanos. En unos casos opera de forma más rápida, con base en un recurso excepcional de amparo o de tutela. Este derecho existe en todos los países para la prensa escrita salvo Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua y Puerto Rico. En Argentina y Costa Rica, la imposición de información se hace en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y no por expresa disposición interna.

Todavía existe la colegiatura obligatoria, la exigencia de un título profesional, licenciatura o certificado de idoneidad para ejercer la profesión de periodista en siete países del Caribe y Latinoamérica. Dichos países son Honduras, Panamá, Haití, Venezuela, Brasil y Bolivia. En el Ecuador se exige la licenciatura para desempeñarse como periodista en el sector público. En Cuba existe un calificador de cargos periodísticos. En algunos países, como Costa Rica y Panamá, existe una censura previa severa en materia publicitaria.

 Los jueces representan un problema muy serio para la prensa libre, al concentrar poderes discrecionales en los asuntos relacionados con los fallos por difamación o publicaciones inexactas. Este temor está fundado con frecuencia en las indemnizaciones excesivas que se fijan en los juicios civiles por difamación.

 También existe mucho escepticismo respecto de los poderes discrecionales que tienen los jueces para prohibir la publicidad sobre juicios en curso. Los jueces de Canadá pueden sancionar a los periodistas hasta con cárcel por una publicación que presuntamente busque influir sobre el jurado. En Puerto Rico existe la posibilidad de sancionar a quien divulgue información errónea sobre un proceso. En Chile, los jueces tienen la facultad de prohibir toda publicidad de un juicio, pudiendo castigar a quien contravenga dicha orden. En Paraguay, el nuevo Código Penal otorga a los jueces los mismos poderes.

 Los periodistas enfrentan otro problema: la falta de protección de sus fuentes de información o secreto profesional. No existe esta garantía en siete de los 24 países estudiados. Estos países son Bolivia, Cuba, Guatemala, Honduras, Jamaica, México y Puerto Rico. En Estados Unidos, 26 de los 50 estados tienen leyes que protegen las fuentes informativas. Los jueces del Canadá tienden a aplicar este derecho pero no en forma uniforme. Este privilegio, sin embargo, no tiene un sustento sólido en los países en que la ley lo contempla, porque los jueces no aceptan la negación de información si es conducente al juicio.

 En toda América Latina existe la reserva o la confidencialidad de los procesos penales, que hace inaccesible esa información a la prensa. Este principio procesal de reserva obstaculiza el proceso de fiscalización de la justicia por los medios.

 Otro problema que presenta la rama judicial es la inconsistencia de los jueces en sus fallos. Debido a la inexistencia de decisiones judiciales obligatorias en América Latina, los jueces no se ven forzados a acatar los fallos de tribunales superiores, y ello contribuye a la inconsistencia judicial en materia de conceptos fundamentales sobre la libertad de expresión, tales como las defensas contra acusaciones de difamación.

 En suma, hay un amplio rango de obstáculos que el poder ejecutivo plantea a la actividad de la prensa. Entre otras prácticas figuran la ocultación de la información bajo el pretexto de seguridad nacional u orden público; la amenaza de utilizar las leyes de insulto; las iniciativas legislativas para restringir a la prensa; la imposición de tributos, y la manipulación de la propaganda oficial.

 Por último, las facultades previstas en la mayoría de las constituciones y otorgadas a los gobiernos durante los estados de sitio o de conmoción interior contribuyen a que la prensa sea objeto de censura y control en dichos periodos de excepción.

 Jairo Lanao es abogado de la Sociedad Interamericana de Prensa para el Proyecto Chapultepec. Los antecedentes y el texto del mismo pueden consultarse en www.sipiapa.org

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