En marzo de este año el Comité para la protección de
perio-distas (Commitee to Protect Journalists, cpj), publicó su in-forme anual para 1999.
El documento, titulado Ataques a la prensa, informa sobre más de 500 casos de periodistas
multados, asaltados, encarcelados o asesinados el año pasado por su trabajo, y destaca
"el estado precario del periodismo independiente y la democracia en todo el
mundo". La cifra "más alarmante" es la del au-mento de la violencia contra
periodistas, ya que 34 fueron asesinados en 1999 por su trabajo, en comparación con 24 el
año anterior. El mayor número, diez, murió en Sierra Leona; otros seis periodistas
perdieron la vida en Yugoslavia, y cinco en Colombia. El cpj señala también que el
encarcelamiento de periodistas es "otra herramienta poderosa empleada por los
enemigos de la libre expresión" e indica que a fines del año pasado 87 periodistas
estaban tras las rejas por su trabajo, en comparación con 118 el año anterior.
Por otra parte, como señaló Ann Cooper, directora
ejecutiva del cpj, algunos "déspotas sofisticados están empleando métodos cada vez
más sutiles para amordazar a la prensa". Por ejemplo, para no afectar su imagen
internacional, en lugar de encarcelar a los perio-distas "llevan al periodismo
independiente a la ruina hostigándolo con impuestos, multas o cortándoles el acceso a
medios de comunicación controlados por el estado".
Por el lado positivo, el informe del cpj considera que
"hasta los regímenes más represivos son susceptibles a la presión internacio-nal.
Por ejemplo, el cpj documentó 11 casos nuevos de encarcela-miento en China el año
pasado, pero en febrero el gobierno chino dejó en libertad anticipadamente al periodista
Gao Yu, al parecer como gesto de buena voluntad antes de una visita de la secretaria de
Estado de Estados Unidos, Madeleine K. Albright".
En todo caso, el cpj confía en que este informe
"aliente a todos los periodistas a apoyar su trabajo a favor de la libertad de
prensa. En el prefacio, el escritor Philip Gourevitch, de la revista New Yorker, argumenta
que ‘la mejor manera de apoyar a nuestros colegas en el exterior, para quienes ser
periodista es sinónimo de correr peligro ... es cubrir lo que pasa en el mundo más
intensamente"
Los gobiernos de varios países latinoamericanos tomaron
medidas para poner sus leyes de prensa a la altura de las normas internacio-nales. Pero
mientras la prensa latinoamericana continuaba denuncian-do fechorías, su propia fuerza la
expuso a una nueva modalidad de hostigamiento: las campañas de difamación.
Los reporteros latinoamericanos se han vuelto sumamente
dies-tros para exponer los actos delictivos, pero por otro lado no cuentan con los
juzgados y tribunales que investiguen, entablen acciones y castiguen a quienes denuncian.
En la mayoría de los países, el siste-ma judicial es notoriamente débil; muchas veces
no puede, o no está dispuesto a investigar los casos que se le presentan. El resultado es
que los periodistas que denuncian la corrupción se vuelven blanco seguro. Dado que los
reportajes negativos en la prensa constituyen una de las pocas sanciones efectivas contra
el comportamiento crimi-nal en Latinoamérica, desacreditar a la prensa es una táctica
excelente para quienes deseen escabullirse sin tener que rendir cuentas.
A este hecho se atribuye el auge de una nueva forma de
ataque contra los periodistas latinoamericanos, que se disfraza de periodismo para
difamar, o hasta hacer peligrar, a los reporteros. El caso más dramático se dio en
Perú, donde se lanzó un alud de tabloides auspiciados por el gobierno y llenos de
artículos difamatorios sobre los principales periodistas del país, con la singular
intención de socavar la confianza del público en los medios de comunicación. En
Guate-mala, los periodistas fueron blancos de una campaña de difamación transmitida a
través de un misterioso programa de radio. Y un grupo de panameños poderosos desató una
campaña de difamación contra el principal medio de comunicación del país, La Prensa, y
su editor Gustavo Gorriti, luego que el periódico publicara reportajes que vinculaban al
fiscal de la República con el narcotráfico.
En estos tres países, los periodistas han respondido
utilizando su pericia investigativa para sacar a luz pública los orígenes de las
campa-ñas difamatorias. Los peruanos presentaron evidencias contundentes de que los
tenebrosos servicios de inteligencia del país estaban de-trás de la campaña de
difamación. Los guatemaltecos documentaron el hecho de que el programa radial había sido
capitalizado por un asesor presidencial. Y los panameños respondieron con la expansión y
aceleración de sus investigaciones de los personajes turbios a cargo de la campaña
contra Gorriti y La Prensa.
En todos estos países, las campañas de difamación
contra la prensa florecieron porque los sistemas judiciales locales eran débi-les, y
porque no se ha elaborado un marco legal que rija las relacio-nes entre sociedad y medios
de comunicación. No obstante, algunos países tomaron medidas para remediar estas
deficiencias, con la asistencia y el apoyo particular de la Comisión Interamericana para
los Derechos Humanos (iahcr).
Históricamente, la Comisión Interamericana para los
Derechos Humanos y la Corte Interamericana para los Derechos Humanos han servido de foro
independiente para los periodistas que no han podido obtener justicia en sus propios
países. Este año la Comisión ayudó a resolver varios casos en Argentina, y presionó
para que se borre del sistema legal argentino la difamación como ofensa criminal.
También refirió un caso peruano y un caso chileno a la Corte Interamericana en Costa
Rica. A finales de año, la Comisión seguía estudiando otros casos relacionados a los
medios de comunicación, incluido un caso peruano de intervención telefónica. Y con la
prohibición de El libro negro de la justicia chilena, supuestamente por amenazar a la
segu-ridad del estado, un representante del gobierno chileno se presentó ante la
comisión y reconoció la necesidad de reformar la anacrónica Ley de Seguridad del Estado
de Chile.
Quizá la reforma legal más dramática de 1999 fue la
derogación parcial de las infames "leyes mordaza" panameñas, que durante
mu-cho tiempo habían obstaculizado las labores de la prensa en ese país. La presidente
Mireya Moscoso se comprometió a derogar las leyes mordaza restantes para el verano del
2000.
Mas si por un lado algunos países liberalizaron sus leyes
de prensa, otros tomaron medidas para cerrarle el cerco a los periodistas. En Jamaica, una
propuesta de ley dificultaría a los periodistas reportar sobre la corrupción dentro del
gobierno. En Brasil, se aprobó una ley que castiga a aquellas autoridades que dan
información a la prensa. En Cuba, donde el gobierno ya tenía a disposición un arsenal
de me-didas legales para suprimir los reportajes independientes, cobró vi-gencia en marzo
una ley nueva que prácticamente prohibe la libre expresión. La Ley para la Protección
de la Independencia y la Econo-mía Nacional de Cuba dispone condenas de hasta 20 años de
cárcel por una gama de ofensas relacionadas a los medios de comunicación.
La violencia también sigue siendo motivo de
preocupación, particularmente en Colombia, donde cinco periodistas fueron asesinados en
el desempeño de sus labores en 1999. Sin embargo, reportar sobre el tráfico de drogas, y
la protección oficial que le permite prosperar, es igual de arriesgado en otros países.
Muchos periodistas pu-blican este tipo de reportaje sin firma, y aquellos medios que
reportan sobre el mercado de drogas han sido hostigados por asunto de impuestos, o
amenazas o intimidación.
Para los periodistas latinoamericanos, el próximo
desafío será ponerse a la altura de criterios profesionales más elevados. La crecien-te
conciencia sobre la desesperada necesidad que tiene el público de recibir reportajes
verídicos y equilibrados, ha llevado a los periodistas de muchos países a emitir un
llamado para establecer un código de ética profesional.
Detrás de todo hay una maraña de asuntos complejos, como
descubrieron algunos periodistas colombianos recientemente cuando trataron de
des-sensacionalizar la violencia y decidieron colectivamente publicar toda imagen violenta
en blanco y negro. El plan se abandonó rápidamente, debido, según informes, a las bajas
en las cifras de circulación.
Las experiencias de los periodistas en Latinoamérica
demuestran que los medios se guían cada día más por factores de mercado, después de
décadas de subsidios estatales. El resultado es que los medios han llegado a valerse cada
día más de los contenidos sensacionales. Al mismo tiempo, aquellos dueños de medios de
comunicación que se tornaron holgazanes bajo auspicios gubernamentales, se han visto
obligados a hacer más eficientes y profesionales sus publicaciones. Muchos han contratado
a prominentes reporteros jó-venes, y se han distanciado de los gobiernos locales.
Desde el punto de vista de la libertad de prensa, la
experiencia latinoamericana con la internet ha sido tanto maldición como bendición. En
Perú y Panamá, los enemigos del periodismo independiente han hecho uso extenso de la
internet para librar campañas de difa-mación contra medios de comunicación. De igual
forma, la internet también se ha utilizado para esquivar la censura. Los reportajes de
periodistas cubanos independientes se distribuyen mayormente en la internet, y el tomo
prohibido El libro negro de la justicia chilena registró 20 mil visitas el primer día
que estuvo disponible en la Red.
Marylene Smeets es
coordinadora del programa para América del Comité para la protección de periodistas
(cpj). Este texto aparece en el informe del cpj bajo el título Vista panorámica de las
Américas. Para mayor información, o para obtener una copia del informe, co-municarse al
cpj en sus oficinas de Nueva York, teléfono (212) 465 9344, o consultar su página
electrónica en www.cpj.org