CARTA DEL EDITOR

    Hace un par de semanas, durante una conferencia en la que participaron los candidatos presidenciales de los tres principales partidos mexicanos, preguntamos a uno de ellos si piensa que la sociedad tiene derecho a un acceso eficaz y transparente a la información y si como Presidente estaría dispuesto a proponer una ley al respecto. La pregunta pareció tomar por sorpresa al candi-dato, quien a pesar de que se trataba de una conferencia sobre prensa y democracia hasta ese momento no había dicho una sola palabra sobre este tema. Al responder a nuestra pregunta, dijo que sí apoyaría una iniciativa que garantice realmente el derecho a la informa-ción pero sugirió también que, "tal como en otros países", esa información tendría que irse administrando gradualmente para no poner en riesgo la seguridad del país. La respuesta le llevó tan solo unas palabras y no volvió a tocar el tema, pero resulta sintomático que hiciera una asociación casi automática entre acceso a la información y riesgos.

Conocemos de sobra la cultura política tradicional que persiste en América Latina, en la que los políticos y burócratas consideran a la informa-ción pública como un recurso personal y asumen el derecho de compartirla o no con la prensa y con la sociedad en general. En países como México las autoridades saben que hay poco que temer por parte de una la ley de acceso a la información ambigua y casi inútil, mientras que en países con un pasado autoritario reciente las restricciones ilegítimas con frecuencia se disfrazan como "consideraciones seguridad nacional".

Lo curioso en este caso es que fuera un político mexicano el que se dijera preocupado por los posibles riesgos a la seguridad que supuestamente conlleva el acceso a la información. Cabe recordar que la pregunta no se refería a secretos de Estado o documentos confidenciales, sino tan solo a el establecimiento de un mecanismo para hacer más transparente el acceso a la información pública.

¿Cuáles son entonces las perspectivas para nosotros durante el próximo gobierno? Si nos atenemos a lo que dijeron los tres candidatos en la conferencia, nada halagadoras ya que los otros dos ni siquiera tocaron el tema. Y en cuanto a la transparencia que podemos esperar de sus gobiernos, uno de los candidatos de oposición se negó a mencionar los nombres de los empresarios que contribuyen a sus gastos de campa-ña. Ese tipo de información debe ser normal en un régimen democrático, admitió, pero según él México no lo es y por ello esas revelaciones pueden resultar perjudiciales para sus simpatizantes. Otra vez, la información que debe ser pública es considerada peligrosa por quienes de-sean gobernarnos.

Lo que olvidan nuestros gobernantes y quienes aspiran a serlo es que la libertad de expresión y el acceso a la información no son gracia que puedan otorgarse a cuentagotas ni premios para cuando seamos democráticos, sino garantías que los gobiernos latinoamericanos se han comprometido a cumplir, por escrito y ante la comunidad internacional. Ahí están, por ejemplo, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Derechos Humanos de la oea, y la Declaración de Chapultepec.

Por eso resulta especialmente importante el proyecto de Medios y Libertad de Expresión lanzado por el Centro Internacional para Pe-riodistas (ver Qué hay de nuevo, en este número). Uno de los objetivos del proyecto es, precisamente, trabajar con los colegas latinoameri-cano para conocer y utilizar los instrumentos legales y posibles estrategias para mejorar el acceso a la información en los países latinoamerica-nos. Quién sabe, quizás podríamos invitar a nuestros candidatos a alguno de esos talleres.

Saludos, y hasta la próxima.

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