COLUMNA

JOHNY PEZO SALE DE PRISIÓN
Por Jorge Zepeda Patterson

Johny Pezo conduce un programa de radio en una población de Perú. Hasta hace unos meses su única obsesión era aumentar el número de radioescuchas y esperar el nacimiento de su bebé. Un día recibió una extraña llamada telefónica y después un documento escrito.

Procedía de un grupo guerrillero que amenazaba de muerte a Pezo y los suyos si éste rehusaba leer una proclama incendiaria desde su programa. Pezo desoyó el primer aviso.

El segundo se lo hicieron llegar de manera más vehemente y en persona. Eso precipitó su decisión. Leyó el comunicado con la clara advertencia de que había sido presionado y lo hacía en contra de su voluntad. 

Días más tarde fue citado por la policía para explicar los hechos. Era un mal día para Johny. Dejó a su esposa en el hospital a punto de parir y pasó a la delegación a declarar. Entró para no salir; conocería a su hijo dos meses más tarde.

El régimen peruano decidió hacer de éste un caso de escarmiento. El periodista fue acusado de incitar al terrorismo lo cual supone un severo castigo bajo las leyes de ese país. Pese a las claras evidencias de que el mismo Pezo constituía una víctima del grupo guerrillero que le presionó, la justicia fue implacable.

Por fortuna, el caso de Pezo fue recogido por organizaciones de periodistas nacionales e internacionales que denunciaron y divulgaron la arbitrariedad de la intención del régimen. Gracias a la presión de la opinión pública, Johny fue liberado hace unos días, luego de dos meses en prisión. Hoy vive bajo el temor de alguna represalia física de parte de los guerrilleros o del propio Ejército, y sabe que el aparatode justicia simplemente le ha dado un receso. 

El caso de Johny Pezo puede ser nimio si se le compara con el drama que significa 143 periodistas colombianos asesinados en los últimos trece años. El efecto es devastador no sólo en pérdida de vidas y desmantelamiento de un gremio, sino en lo que significa la autocensura en la que incurren los propios periodistas por temor a ser la siguiente víctima en la lista. Es inviable la democracia si no existe una prensa independiente y crítica, capaz de ventilar los vicios de la vida pública y ofrecer voz a los distintos actores sociales de la comunidad. Pero es imposible esperar que los periodistas puedan hacer esta tarea si a cambio deben pagar con su vida o su libertad. 

En México mismo, las agresiones físicas a los periodistas han ido en aumento en los últimos tres años. A las amenazas tradicionales de origen político se han sumado las que derivan por la reacción hostil que el crimen organizado y el narcotráfico experimentan ante el escrutinio periodístico.

En el sur de América Latina, a diferencia de Colombia y México, la amenaza contra la prensa no es física, sino legal. Es mucho menos brutal que un asesinato, pero igualmente efectiva para restringir los impulsos del periodismo que cuestiona al poder e investiga y denuncia la corrupción.

El caso de Johny Pezo ilustra el de muchos otros colegas que se encuentran procesados por difamación y desacato. El régimen de Fujimori es un buen ejemplo de la estrategia seguida: en manos de tribunales favorables al Estado, las leyes antiterroristas y de difamación se convierten en un instrumento para golpear a la prensa libre. 

Si bien es cierto que la comunidad debe tener instrumentos legales para protegerse de la calumnia y de un periodismo irresponsable que destruye reputaciones, deben estar claros los riesgos del uso político con el que habrán de aplicarse estas leyes.

Recientemente la Organización de los Estados Americanos (OEA) designó un relator de la libertad de expresión en América Latina. Entre otras cosas, es una especie de ombudsman para proteger el ejercicio periodístico de actos arbitrarios por parte de la autoridad. 

Depende de la Comisión de Derechos Humanos de la propia OEA y a través de ella tiene atribuciones para elevar casos hasta la propia asamblea de los países miembros, de tal forma que el organismo internacional pueda enviar mandatos a los gobiernos sobre casos de violaciones flagrantes a la libertad de expresión.

La creación de este puesto es una muestra de reconocimiento de la importancia que tiene una prensa libre para el desarrollo de nuestros países. Pero también es una muestra de preocupación por la actitud crecientemente hostil por parte de gobiernos dispuestos a usar los tribunales para acallar la crítica.

A lo largo de 1998 se discutió en México el proyecto de Ley de Comunicación Social sin llegar a nada concreto, debido a la polarización de puntos de vista. En algún momento el Congreso habrá de retomar el asunto, porque la ley de 1917 que hoy rige es claramente obsoleta. En los últimos años varios países latinoamericanos han implantado leyes de comunicación y prensa con resultados inciertos.

El balance está plagado de claroscuros, con aciertos evidentes y errores a la vista.

Sería prudente repasar estas experiencias. No se trata sólo de encontrar una ley justa, sino de acotar los riesgos de que una interpre t a ción arbitraria o sesgada se convierta en instrumento político en contra de la libertad de expresión. Los tribunales tienen una sospechosa inc l inación

a favorecer los intereses de la autoridad. Habría que re cordarlo en su momento o estaremos condenados a sacudir la conciencia pública, una y otra vez, para sacar de la prisión a los periodistas mexicanos. 

Jorge Zepeda Patterson es director del diario Público, de Guadalajara,y presidente de la  Sociedad de Periodistas. Este texto se publicó en la edición del 31 de enero de 1999 de ese diario.

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