Con la fuerza del vendaval pampero que nace en las inmensas planicies argentinas, desde
el profundo sur latinoamericano se dirige hacia todos los países del continente con la
expresa recomendación del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, un esfuerzo de la república de plata que des-penaliza
las leyes de difamación –calumnia, injuria, publicación de ofensas–
sustituyéndolas por una indemnización civil estrictamente codificada, eliminando así el
amedrentamiento de la prisión de los periodistas tan apetitoso para los políticos
controvertidos.
Honrando el compromiso adquirido al ratificar la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, o Pacto de San José, suscrito en Costa Rica y aprobado en 1970
–"...comprometiendo para su observancia el Honor Nacional..."– en la
República Argentina se presentó al Senado un proyecto de ley para despenalizar la recia
tarea del periodista. Aquellas reprochables leyes que castigaban incluso con pena de
prisión, no han tenido más efecto que una constante amenaza a la prensa libre, tratando
de acallarla.
Y en la tipología de los códigos penales, persistirán las ofensas al honor pero
aplicables únicamente a las personas privadas.
El fin ansiado es vigorizar el papel esencial de la prensa en su misión inquebrantable
de fortalecer el sistema democrático de go-bierno, la transparencia en el ejercicio de la
función pública y la rendición de cuentas, sin padecer bravatas ni petardos
politiqueros.
El esquema legal parte de una premisa fundamental: el honor de los funcionarios
públicos y las personalidades relevantes por un lado, y el de las personas privadas por
otro, merecen tutela dife-rente. Los primeros al aspirar al cargo público,
voluntariamente caen bajo la atención de la opinión ciudadana. En este aspecto el
proyecto argentino ha seguido una sabia jurisprudencia de su Corte Suprema en el caso
Costa, en el cual consideró que la menor tutela es vital para la subsistencia de la
república democrática. Conse-cuentemente, los informantes –periodistas o ciudadanos
interesados en el sano desenvolvimiento de su país– solo serán responsables de
sanciones civiles en los casos de informaciones falsas, o produ-cidas con real malicia
según la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América en el caso
New York Times v. Sullivan –también incorporada a la doctrina argentina y la
española– emitida en 1964, aquel día en que el editor del gran periódico
neoyorkino declaró que debía bailarse en las calles.
También se despenalizan los casos de reproducción fiel de in-formaciones ajenas
cuando se consigna la fuente. Asimismo se incorporarán a la legislación formal los
precedentes de la Corte Suprema del gran país del cono sur vertidos en el caso Campilla,
en cuanto a informaciones originadas en fuentes oficiales, ampliada luego a fuentes
privadas según el caso Acuña. Los juicios de valor y las expresiones humorísticas
difundidas por los medios de comunicación sobre hechos de interés público, por tratarse
del legítimo ejercicio de la crítica o la censura en resguardo de la demo-cracia, son
excluidos del castigo penal.
Exclusivamente tendrán derecho los funcionarios públicos, y las personas relevantes
de la sociedad civil cuando voluntariamente se han inmiscuido en asuntos de interés
nacional, a una indemniza-ción civil –estrictamente comprobada y no de antojadiza
imposición por los jueces– cuando el supuesto afectado compruebe conjuntamente tanto
la falsedad de la información –presunción de inocencia en favor del
periodista– como la circunstancia de que fue difundida con conocimiento de esa
falsedad, o con temerario desinterés en la búsqueda de la verdad.
Tómese en cuenta que la verdad es de difícil acceso, cambiante y se transmuta con el
tiempo. El gran escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, luchador contra el monoteísmo del
poder y la sombra nefasta del autócrata –Yo, el supremo– explicó
brillantemente lo escurridiza que es la verdad en la azarosa historia de los pueblos:
"Los hechos acontecidos cambian constantemente".
*Fernando Lincoln Guier es abogado experto en libertad de expresión y
prensa, y columnista.