COLUMNA

La primera exiliada de la democracia
Alejandra Matus*

Me llamo Alejandra Matus. Soy periodista. Lo subrayo, pues lo digo en el más cabal de los sentidos. Mi identidad como ser humano está íntimamente ligada a lo que hago para vivir. Soy mi oficio, con seguridad producto de alguna deficiencia psicológica.

Probablemente equivocada para mi época, formo parte de aquel grupo de periodistas románticos que creemos con sinceridad en la importancia de esta profesión. Que nos dedicamos a ella, más que inspirados por un afán narcisista de reconocimiento –que todos aca-rreamos en algún grado– movidos por un cierto sen-tido de obligación con la sociedad en que vivimos.

Yo soy de las tontas que, en los diarios en que he trabajado, me quedaba hasta bien entrada la noche sólo para corregir un dato, para aña-dir otro, sin que nadie me lo pagara ni me lo pi-diera. Como muchos de mis colegas, me siento empleada de esa gran multitud que no conozco, pero que, sé, no puede acercarse a los hechos más que a través de mis ojos y mis relatos.

Esa certeza, que me apasiona cada vez que me lanzo en la búsqueda de información, me ha impreso también un enorme sentido de humildad. En la medida que me es posible y conside-rando mis limitaciones y subjetividades, trato de explicar la realidad de la forma más cercana a la verdad. Evito, en cuanto me es humanamente alcanzable, usar el poder que me da esta profesión como un instrumento para dar cáte-dra o difundir mis propias ideas –que las tengo– sobre los caminos que debe seguir la sociedad. No soy periodista de trincheras, ni de metralletas, ni de partido. Soy una periodista que sólo sabe contar lo que sabe. Que cree realmente en la capacidad intelectual de los demás para decidir su destino. Ciertamente, los demás pueden prescindir de mi particular opinión, pero no pueden prescindir del conocimiento de los hechos. Por lo mismo, creo en el derecho humano a estar plenamente informado, para crear y decidir.

Hacer realidad ese derecho, ha sido mi trabajo por doce años. Por eso me gusta y me da orgullo decir: soy periodista.

Comprenderán ustedes entonces mi frustración y abatimiento por los castigos que he recibido en el camino. No he sido perseguida por promover una idea o liderar algún cambio. He sido per-seguida por algo mucho menos elevado y más básico. He sido per-seguida por informar. Por encender la luz allí donde imperaba la obscuridad y el silencio. Por nombrar hechos y a sus autores. Por describir realidades que nutrirían no sólo el conocimiento del ciudadano común, sino el de aquéllos que lideran las transformaciones.

Volviendo a mi referencia previa so-bre la cuota de narcisismo que llevo dentro, tal vez esperara, como cualquiera que está seguro de haber hecho un buen trabajo, el reconocimiento y el halago. No la amenaza de cárcel y el exilio.

El 14 de abril de este año, por orden del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rafael Huerta, agentes de la po-licía civil de mi país se presentaron en la editorial Planeta para incautar la primera edición de El libro negro de la justicia

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chilena, del que soy autora. Esa misma tarde recorrieron las libre-rías del país para requisar las copias que pudieron encontrar.

Más de seis años de investigación periodística, más de 80 entrevistas a personas con conocimiento directo de los hechos y más de cien fuentes documentales, además de mis propias experiencias perso-nales en la cobertura del Poder Judicial, fueron a parar a una bodega de la policía a menos de 24 horas de la presentación pública del libro.

Esa mañana todavía quedaban en poder de la editorial más de mil copias (de un total de tres mil) que fueron in-cautadas sin pudor.

Mientras el gerente general de Pla-neta, Bartolo Ortiz, acompañaba a los policías hasta las bodegas, el editor general, Carlos Orellana, me llamaba para darme la noticia. Mi novio y yo habíamos llegado unos días antes del lanzamiento del libro y pretendíamos quedarnos todavía otra semana en Chi-le, para visitar a los familiares y amigos que desde hacía un año no veíamos.

Otro llamado, esta vez de mi hermano abogado, Jean Pierre, me planteó la segunda parte del pro-blema: qué iba a hacer yo. La orden de detención era inminente y, aunque probablemente después de unos días encarcelada obtendría la libertad condicional, el juez dictaría una orden de arraigo que me impediría salir de Chile hasta que el proceso terminara, probablemente con una condena de hasta cinco años de presidio. El consejo de mi hermano fue categórico: "Tienes que salir de Chile inmediatamente". Yo pensaba que debía quedarme y enfrentar la acusación, pero los ejecutivos de la editorial me persuadieron de que irme era la decisión correcta y racional.

Así, en menos de una hora empacamos nuestras pertenencias y sin mirar atrás, y sin tiempo para despedirnos de nuestros seres queridos, Jorge y yo partimos al aeropuerto. Con el corazón y los pensamientos partidos, llegamos a Argentina, con el convencimiento de que la medida de censura no duraría mucho y de que, si todo resultaba bien, podríamos regresar a Chile.

Después de las frenéticas primeras horas, en que ni siquiera sabíamos por orden de quién ni por qué se habían incautado los libros, nos enteramos de que todo había sido una iniciativa del magistrado Servando Jordán, actual integrante de la Corte Suprema, ex-presidente de ese tribunal entre los años 1996 y 1997, y uno de los personajes, aunque no el único ni el principal, de mi libro.

Por supuesto que la legislación chilena contiene un marco ge-neral de restricciones de los derechos a la libertad de expresión y de información, que los editores y yo conocíamos de antemano. Para protegerme de las eventuales consecuencias legales, mi única defensa como periodista fue preocuparme de que el contenido fuera lo más certero posible.

Así que, aunque conocíamos los riesgos, nos sorprendió in-mensamente que en menos de 24 horas el magistrado Jordán haya tenido tiempo para enterarse de la existencia del libro, comprarlo, leerlo, encontrar un abogado, redactar el escrito invocando la Ley de Seguridad del Estado en mi contra, y presentarlo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Ese tribunal, también en tiempo record, en el mismo lapso supuestamente estu-dió la presentación de Jordán y nombró a uno de sus integrantes, Rafael Huerta, quien, apenas debe haber te-nido minutos para compenetrarse de los antecedentes y decidir que era lo mejor y más conveniente ordenar la incautación inmediata de la obra.

¡Que si la justicia chilena fuera así de eficiente para analizar los casos que a diario recibe me habría dejado sin material para escribir el libro!

La ley de Seguridad Interior del Estado es sólo uno de los cuerpos legales que en Chile otorga una protección especial a las autoridades públicas en contra de la crítica ciudadana. Según ésta, si alguna de las autoridades públicas mencionadas allí –el Presidente y sus ministros, los jueces de la Corte Suprema y los generales, entre otros– se siente ofendida, el autor del escrito ha cometido un delito contra la seguridad nacional y el orden público, y puede enfrentar una pena de cárcel de entre un año y medio hasta cinco años. Esa fue la situación que me obligó a salir de Chile.

En Buenos Aires estuve diez días esperando que la racionalidad y la mesura se impusieran. Mal que mal han pasado nueve años desde el retorno a la democracia y, junto a miles de chilenos, junto a los inte-lectuales, periodistas, parlamentarios y varios y notables funcionarios políticos, yo pensaba que la medida de censura caería rápidamente por la fuerza de la presión y por la oposición nacional e internacional que produjo. Pensábamos que una censura así de brutal no se sostendría en el Chile de hoy, considerado un ejemplo de modernidad y desarrollo económico en latinoamérica. Nos equivocamos.

En diez días no pasó nada, salvo por el hecho que el ministro Huerta siguió avanzando con su causa. Esa fue una cruel constata-ción de que en Chile no hay verdadera libertad de expresión y que no puede hablarse, por lo tanto, de una democracia real.

El juez Huerta ordenó la detención y procesamiento de los principales ejecutivos de Planeta, Bartolo Ortiz y Carlos Orellana. Gente buena y decente que debió pasar dos días y medio en la cárcel simplemente porque tuvo el coraje de publicar una investigación periodística. Ellos no tienen una firma de lavado de dinero y no reciben ni pagan coimas para hacer su trabajo. Ejercen quizás uno de los mejores y más respetados trabajos que se pueda tener: hacen libros. Sin embargo, estuvieron presos por causa de ello. Recupe-raron la libertad provisional, es cierto, pero estuvieron varios meses firmando un registro judicial que aseguraba que no escaparían de la Justicia.

Finalmente, se impuso la mesura y las Cortes de Apelaciones los liberaron completamente de cargos. Sobre la base, eso sí, de que yo como autora, soy la única persona que puede ser juzgada por este delito. No reflexionaron las Cortes sobre la inconstitucionalidad de una ley que viola derechos fundamentales de los acusados y de la sociedad. Ni le pidieron al juez instructor aceptar los testigos que rati-ficarían la veracidad de mis dichos. Además, el magistrado me declaró rebelde en la causa, lo que significa que, de haber querido, podría haber pedido mi arresto a los países asociados a Interpol, o incluso mi extradición de Estados Unidos. No fue tan temerario, pero la sola posibilidad limitó mi libertad de movimiento por varios meses.

¿Y qué hay en mi libro que sea tan peligroso para la seguridad nacional?

Un análisis crítico y periodístico de la conducta de la Corte Suprema a través de su historia y, especialmente, durante los años del régimen dictatorial del general Augusto Pinochet y tras la recuperación de la democracia. La tesis que planteo es que no ha existido en Chile un verdadero Poder Judicial que se conduzca y entienda como tal, sino que apenas un servicio siempre a las ór-denes de alguien con más poder. Esto tuvo consecuencias dramáticas bajo el gobierno militar, pues significó la desprotección de la vida de miles de personas, pero esta falencia, la parcialidad, tiene causas muy anteriores a ese régimen y sus efectos han trascendido con mucho al término de ese gobierno.

En el libro describo, con hechos y momentos concretos, la falta de independencia de la justicia chilena a través de la historia y cómo las deficiencias del sistema han llevado a prohijar actos de corrupción, nepotismo y abuso de poder entre los integrantes de la Corte Suprema... el ente que, en Chile, es el responsable de la conducción del Poder Judicial en todos sus aspectos. El libro no tiene como objetivo agraviar ni ofender. Es sólo el primer esfuerzo perio-dístico de informar al público chileno sobre la conducta de uno de los tres poderes del Estado y lato sería aquí describir la importancia que ello puede tener para el desarrollo democrático. Una obra que en otras partes del mundo se distribuiría libremente y que, más allá de las críticas o loas que pudiera recibir, nadie calificaría de peligro social.

Pero en Chile sí. En Chile se me persigue judicialmente por hacer mi trabajo, sin derecho a una defensa apropiada. El juez que investiga la causa depende jerárquicamente de quien me acusa y no existe una instancia independiente e imparcial a la que pueda recurrir. Es obvio que tratándose de un libro que critica al Poder Judicial las posibilidades de un juicio imparcial en ese mismo poder son nulas.

Mientras, las copias de El libro negro de la justicia chilena siguen acumulando polvo en alguna bodega judicial, y aunque los chilenos pueden acceder a él a través de internet, o de copias piratas que se han hecho en imprentas clandestinas, no pueden, como es justo y necesario, adquirirlo en una librería.

Frente a la constatación de que estoy sometida a un proceso injusto e ilegítimo, que bajo el declamado objetivo de proteger la seguridad nacional, se me está censurando y amenazando con castigos criminales, y a la certeza de que quienes tienen posibilidad de revertir esta situación –el gobierno y el Parlamento– no pueden o no quieren hacerlo, decidí pedir asilo político en Estados Unidos. A partir del 1 de noviembre de 1999 me encuentro en la inusitada ca-tegoría de asilada política. La primera asilada chilena que acoge esta nación desde que mi país retornó a la democracia, en 1990.

Lo triste del caso es que yo no soy la única periodista que ha sufrido los rigores de la Ley de Seguridad del Estado. Desde 1990, se le ha aplicado a más de 25 personas, 17 de ellas periodistas.

Por requerimientos del mismo ministro Jordán, sólo el año pa-sado fueron procesados cuatro profesionales. Las penas que se han aplicado hasta ahora han sido bajas, un año y medio de presidio remitido, pero la consecuencia ha sido la autocensura.

En estos meses mi oficio se ha pervertido y me he transformado en la defensora de una causa, porque no se trata sólo de recuperar un bien que yo he perdido. Está en juego mi derecho a la li-bertad de expresión. Más importante aún: mi derecho a hacer mi trabajo. Es mi trabajo expresar, cómo podría vivir sin ello. Pero también ha sido atropellado el derecho de los chilenos a estar informados. Es cierto, el libro se ha difundido de manera ilegal y ha alcanzado tal vez a un público mayor que el que hubiera tenido de venderse sólo en librerías. Sin embargo, en este tiempo, no he visto ningún diario continuar las investigaciones sobre los jueces mencionados. Ellos siguen su vida y en funciones como si nada, re-posando en la autocensura. Ese es su triunfo. Ellos saben que pronto la prensa olvidará, que el gobierno y los parlamentarios archivarán las promesas de cambiar la ley, y que el libro seguirá prohibido. El silencio será su victoria.

Y porque quiero impedirlo, y porque quiero volver a ser una reportera anónima, registrando la realidad para contársela a otros, es que estoy aquí hablándoles en lugar de oírles.

*Este texto fue adaptado de una ponencia dictada por Alejandra Matus el 17 de febrero de 2000, durante un evento organizado por el Centro Latinoamericano de Periodismo (celap) y el diario La Prensa, de Panamá. El texto de El libro negro de la justicia chilena aparece en www.freespeech.org/apd/libro.html

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