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 Más alla de la filtración: el derecho a la información en méxico
Un informe del diario The Dallas Morning News

En agosto pasado el diario estadunidense The Dallas Morning News dio a conocer los resultados de dos estudios hechos entre periodistas de México a quienes se les pidió –en diversos ejercicios como sondeos y grupos de enfoque– que hablaran sobre la credibilidad y el profesionalismo de la prensa de este  país. Uno de los estudios también recabó las opiniones de 250 lectores de diarios de la ciudad de México, quienes por lo general consideraron que esos diarios son una fuente de información confiable.

Estos estudios, resumió el propio Dallas Morning News en una nota publicada el 14 de agosto, “indican que los periodistas mexicanos tienen un acceso limitado a la información oficial, que las dependencias del gobierno sirven más como obstáculos que como facilitadores y que los reporteros se apoyan más en pitazos que en fuentes oficiales de información”.

El texto que aparece a continuación fue adaptado de la versión publicada por la revista en línea Pulso de periodismo (www.pulso.org). Los lectores interesados en la versión completa del informe Credibility: A Look at the Mexican Press Today (Credibilidad: un vistazo a la prensa mexicana de hoy) pueden solicitarla en nuestras oficinas.

En un régimen democrático, el derecho a la información es el conjunto de normas sistematizadas que garantizan a cualquier ciudadano tener un libre acceso a la información de interés público, y que al mismo tiempo establece las obligaciones de su uso responsable.

A diferencia de la libertad de expresión, que se origina en el siglo xviii y que está contenida como garantía constitucional en el 94% de un total de 186 países, la libertad de información es relativamente nueva. Se reconoció legalmente por primera vez en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expedida por la onu en 1948: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información e ideas, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”.

Sólo el 37% de una muestra de 186 países reconoce esta libertad en sus constituciones. Entre otros: Azerbaiyán, Belice, Fiji, Liberia, Turquía y Zimbabwe. México no.

El derecho a recibir información de interés público está en el 43% de las constituciones de los países de la muestra, incluyendo las de Jamaica, Croacia y Burkina Faso; pero no en la de  México. El derecho a difundir información es regulado en las leyes de 39% del total de 186 países y, nuevamente, México no aparece en esa lista

El derecho de acceso a los documentos en poder de entidades públicas, que surge del deber de informar de los aparatos del Estado, contribuye a que los ciudadanos tengan mayores elementos para poder evaluar mejor el desempeño de sus gobernantes. Entre los países que han recogido este derecho en su Constitución están Costa Rica, Chechenia, Haití y Malawi; en total, un 16% de los países en cuestión. No es el caso de México.

A diferencia de países como Costa Rica, Colombia o Paraguay, en México los secretos de estado y las filtraciones son regla general en la información y los casos en los que el poder público proporciona información de manera abierta son la excepción.

Una encuesta nacional sobre derecho a la información realizada en varias redacciones del país durante el pasado mes de julio indicó que obtener información en México es, en general, muy difícil.

El 86% de los periodistas entrevistados aseguró que es más fácil obtener información importante a través de filtraciones que a través de los canales oficiales. En cambio, casi el 40% considera que obtener información en Estados Unidos es más fácil, contra 18% que cree que es difícil. El 38% dijo no saber. Como comentó una reportera de 27 años de edad que trabaja en la sección metropolitana de un diario capitalino. “Aquí nos convertimos en espías. Hay una cultura de ocultar la información”.

Pese a admitir que con frecuencia se utilizan filtraciones, los reporteros y editores que participaron en los grupos de enfoque coincidieron en que ello implica el riesgo de ser utilizados por sus fuentes.

No obstante, un 77% de los periodistas aprueba las filtraciones como vía para obtener información, mientras que un 19% las desaprueba, y varios señalan que sólo de esa manera los reporteros pueden obtener información importante y significativa en México.

Para varios reporteros, hay que “nadar a contracorriente” en las oficinas de prensa que concentran la información de las dependencias públicas, ya que son más un obstáculo que un facilitador de información de interés público. Dentro de los organismos oficiales se controla a los propios funcionarios para no dejar libre flujo a la información y se controla al periodista por medio de llamados, dádivas o rejuegos sutiles con sus jefes.

En febrero pasado, el suplemento Enfoque del diario Reforma llevó a cabo el sencillo pero tardado ejercicio de solicitar información a las áreas de comunicación social de las 18 secretarías de estado en un lapso de poco más de dos meses. El resultado fue significativo: pese a haber cumplido con todos los requisitos solicitados, ninguna de las dependencias cumplió satisfactoriamente con su tarea de facilitar la información al reportero.

Algunos directores de información se disculparon por no poder dar la información, otros prometieron entregarla y no cumplieron, varios se negaron explícitamente a darla y los menos dieron respuestas escandalizantes como “yo nada más hago el boletín” o “no se le puede sacar sangre a las piedras”.

Ello ha provocado que se tenga que recurrir al cultivo de amistades o compadrazgos para obtener la información que debería ser pública y a la cual debería tener acceso cualquier ciudadano.

Ha habido varios intentos por regular el derecho a la información. En 1977 el presidente José López Portillo organizó una serie de audiencias públicas, pero la propuesta no precisaba los términos de la reglamentación y fue recibida con suspicacia y malestar. Los concesionarios de la radio y la televisión sintieron sus privilegios amenazados, los periodistas creyeron amenazado su derecho de expresarse libremente, y los partidos políticos y las organizaciones sociales pensaron que se convertiría en la institucionalización de la censura.

Han habido al menos otras dos propuestas de ley para regular este derecho y de manera más amplia, la prensa en México. Una, impulsada por la diputada panista Teresa Gómez Mont, hace unos años, y otra, promovida en 1997 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam. Pero cada vez que una nueva propuesta ve la luz, de inmediato es desechada por todos los actores de los procesos informativos que de alguna manera ven afectados sus intereses y privilegios.

¿Conocen los periodistas la ley?

La encuesta del Dallas Morning News muestra que en general, los periodistas mexicanos desconocen la legislación y en general tienen la impresión de que la ley de imprenta en vigor es “vieja, obsoleta, e ineficaz” por lo que no les interesa conocerla. El 37% de los encuestados dijo saber qué artículos constitucionales regulan el derecho a la información, el 27% respondió que no y el 36% no respondió.

Varios de los reporteros y editores participantes en la encuesta confundían los artículos constitucionales y casi nadie pudo mencionar correctamente dos recursos legales para obtener información pública que no es fácil conseguir.

Por ejemplo, una reportera de un periódico de la capital, con menos de 25 años de edad y con menos de tres años de experiencia, respondió que la reglamentación que regula el derecho a la información es “el código de ética de Chapultepec”, y agregó que no sabía que existía el derecho de petición.

Conocer las leyes facilita la labor de recolección de información; bastaría con que los periodistas supieran si su medio cuenta con un abogado a quien consultar sobre aspectos legales respecto al acceso a la información. El 38% de los periodistas entrevistados sí dispone de un abogado en su lugar de trabajo, pero el 31% no sabe si cuenta con ese servicio o no, y el 29% dijo no tenerlo.

Algunos reporteros saben dónde buscar información o cómo utilizar las leyes existentes para obtenerla, pero muchos otros no. Por ejemplo, ante la tarea hipotética de averiguar cuántas casas tiene el Secretario de la reforma agraria, el 69% dijo que acudiría al Registro Público de la Propiedad (la respuesta correcta), el 19% mencionó la Secretaría de la Contraloría, el 3% la de Hacienda, el 1% la Cámara de Diputados y el 6% todas las anteriores.

Para enfrentar la realidad

Lo anterior demuestra que el acceso a la información en México es muy limitado. ¿Cómo hacen entonces su trabajo los reporteros mexicanos? Recurren a diversas vías incluyendo las filtraciones y el uso de fuentes anónimas. Sin embargo, hay preocupación por el abuso cada vez más frecuente de este recurso.

“En muchos momentos uso las fuentes anónimas. Estaba prohibido en el periódico, pero hemos argumentado que hay cosas que no hay otra manera de corroborarlas. Ahorita básicamente la información que estoy manejando, si alguna de mis fuentes da su nombre, los ejecutan”, relató una joven reportera en uno de los grupos de enfoque.

Una editora participante en otro grupo dijo que la única manera de utilizar las fuentes anónimas es cotejar la información. “Siempre hay que pensar a quién quiere pegarle [la fuente anónima], y tratar de buscar a la contraparte”.

Otra vía que usan cada vez más los periodistas mexicanos es la búsqueda de información en Estados Unidos, incluyendo la ley de libertad de información de aquel país (Freedom of Information Act, foia), recurso al que ha recurrido el 9% de los encuestados.

Sin embargo, ninguno de los periodistas encuestados había utilizado este derecho de manera directa, excepto un reportero del sureste del país, con más de cinco años de experiencia, quien contó que en 1991 lo usó para solicitar a la contraloría estatal información sobre la liquidación henequenera. “Contestaron, pero no me dieron la información solicitada”, señala.

El 10% de los encuestados dijo conocer a alguien que había utilizado el derecho de petición, aunque los resultados no  fueron satisfactorios. Entre los intentos fallidos mencionaron una solicitud sobre la participación del Ejército en la matanza del 2 de octubre de 1968 y otra sobre gastos de representación de funcionarios públicos.

Finalmente, la encuesta también exploró el tema de la ética relacionado con los recursos para obtener información. Al preguntar a los participantes si estaban de acuerdo o no con ciertas prácticas específicas, las respuestas fueron

Robo de documentos:  16% de acuerdo; 37% en desacuerdo y 40% totalmente en desacuerdo;
Pago por una entrevista: 2% muy de acuerdo; 1% de acuerdo; 38% en desacuerdo y 44% totalmente en desacuerdo;
Pago por información: 1% muy de acuerdo; 14% de acuerdo; 40% en desacuerdo y 41% totalmente en desacuerdo;
Filtraciones de funcionarios: 14% muy de acuerdo; 63% de acuerdo; 13% en desacuerdo y 6% totalmente en desacuerdo;
Que el reportero oculte que lo es: 5% muy de acuerdo; 14% de acuerdo; 28% en desacuerdo y 43% totalmente en desacuerdo;
Uso de grabadoras o cámaras escondidas: 5% muy de acuerdo; 27% de acuerdo; 42% en desacuerdo y 21% totalmente en desacuerdo;

Entablar un proceso legal vs. quien no quiera dar información: 12% muy de acuerdo; 28% de acuerdo; 29% en desacuerdo y 16% totalmente en desacuerdo.


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