COLUMNA

LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA  DEL PERIODISTA
Por Ernesto Villanueva*

Uno de los temas que debe incluirse en la agenda de trabajo de la discusión legislativa sobre la reforma del marco le-gal de los medios de comunicación, es el relativo a las con-diciones laborales de los periodistas, desde la perspectiva del derecho a la información y la libertades de expresión e información en una sociedad democrática.

En México, la libertades de expresión e información son uno de los derechos del individuo frente al Estado, cuya exigibilidad se ma-terializa al no intervenir los órganos del poder público en el libre in-tercambio de la información que nutre a la sociedad civil. Esta garantía es, sin duda, necesaria; pero no es suficiente para favorecer un clima democrático que brinde a la información periodística imparcialidad y objetividad. Si es posible argumentar que, en términos generales, el Estado ha dejado de intervenir en el ejercicio de la libertades de expresión e información, no es posible, en cambio, sostener que este derecho fundamental se ejerce en forma cotidiana y sin cortapisas por los periodistas, en virtud de que no existen normas jurídicas que limiten la hegemonía del propietario de la empresa en la producción de la información. Es por esta razón que debe promoverse una base normativa, que equilibre el interés económico y la rentabilidad po-lítica del empresario informativo con los derechos de los periodistas.

En este sentido, el principal problema que existe reside en la natu-raleza de las relaciones laborales que privan entre los periodistas y las empresas informativas, las cuales se rigen por las disposiciones comunes a todos los trabajadores, previstas en la Ley Federal del Tra-bajo, donde no se cuenta con un apartado particular para esta rama profesional. Es claro que el quehacer periodístico contiene peculia-ridades que le distinguen a cualquier otro empleo porque el perio-dista no cumple un trabajo mecánico y de interés particular. Por el contrario, lleva a cabo una labor esencial en la vida comunitaria al ser el medio directo entre las fuentes de información y la sociedad. Si se parte de que la información es un vehículo privilegiado de transmisión de conciencia e ingrediente básico para la toma de decisiones, entonces se podrá coincidir en la importancia social que tienen la calidad de la información que recibe el ciudadano todos los días.

Uno de los caminos para garantizar a plenitud el derecho a la información es establecer en la Constitución Política y desarrollar en la Ley Reglamentaria la figura de la cláusula de conciencia, que puede definirse como el derecho de los periodistas a salvaguardar su libertad de pensamiento y su ética profesional frente a las empresas de comunicación, mediante una cláusula implícita en los contratos de presta-ción de servicios, formales o informales, con carácter de irrenunciable.

La cláusula de conciencia podría tener dos hipótesis fundamentales. La primera consiste en el derecho del periodista para rescindir su relación laboral con la empresa de comunicación y obtener la in-demnización que le hubiera correspondido por despido laboral injusti-ficado, en los casos siguientes: a) cuando la orientación o el carácter de la empresa haya cambiado en forma notable y pueda afectar su honor, imagen o reputación; b) cuando se suscite un cambio injustificado de fuente informativa, que tenga como propósito vulnerar su imagen frente a terceros o de cara a sus compañeros de redacción, y c) cuando, en forma reiterada, se realicen cambios que alteren el sentido de la nota o artículo firmado por el periodista.
La segunda se podría invocar al momento de negarse a aceptar una orden de trabajo, cuyo cumplimiento implique menoscabo o afectación de las normas deontológicas de la profesión.
La cláusula de conciencia no es una idea nueva ni tampoco de facturación reciente; es en verdad producto del desarrollo jurídico de las sociedades contemporáneas. Con diversos matices, modalidades y alcances está prevista en el derecho comparado como un instrumento para hacer eficaz el derecho a la información y el pluralismo informativo propio de un Estado de derecho democrático. Aunque en diversos estudios doctrinarios se suele identificar a la Ley francesa del 29 de marzo de 1935, como el primer antecedente normativo de la cláusula de conciencia, en realidad está implícita desde la Ley austriaca del 13 de enero de 1910.

Ya en algunos países esta prerrogativa legal se encuentra tutelada a nivel constitucional. Son los casos, por ejemplo, de España (artículo 20.1.d) de la Constitución) y Paraguay (artículo 29 de la Constitu-ción). En otras naciones, la cláusula de conciencia se encuentra regu-lada en normas secundarias. Y en Italia se deriva de una resolución jurisprudencial; es decir, que su fundamento legal deriva de actos de interpretación de diversas normas de derecho vigente por parte del máximo órgano de impartición de justicia. Adoptar esta figura legal en México contribuiría no solamente a proteger juridícamente a los periodistas, sino sobretodo a contar con medios comprometidos con la imparcialidad y la objetividad en beneficio de toda la sociedad.


Ernesto Villanueva es Director del Programa Iberoamericano del Derecho a la Información y director de la Revista Iberoamericana del Derecho a la Información de la Universidad Iberoamericana.

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